
En 2025, la contratación pública ha encendido una señal de alarma: 458 millones de euros en licitaciones han quedado desiertos en Andalucía. Málaga encabeza el impacto con 168,3 millones, seguida de Cádiz con 89.9 millones y Sevilla con 71,2 millones. El fenómeno, sin embargo, no es exclusivo en Andalucía. A nivel nacional, la situación es igualmente preocupante y evidencia un problema estructural en la Contratación Pública.
La combinación de inflación, incremento de costes, rigidez administrativa y precios de licitación desajustados está dejando sin ejecutar cientos de contratos públicos, poniendo en riesgo tanto la ejecución de las inversiones estratégicas como la correcta materialización de fondos europeos. Una parte importante de estas licitaciones se financia precisamente con fondos europeos, por lo que la falta de adjudicación puede acabar suponiendo la pérdida definitiva de la financiación asignada.
Las razones detrás de esta parálisis son complejas y variadas. Por un lado, el incremento de costes, unido a unos presupuestos base de licitación cada vez más ajustados, está provocando que muchas empresas consideren económicamente inviable concurrir a determinados procedimientos públicos.
Por otro lado, persisten importantes barreras administrativas. La complejidad documental, la rigidez de determinados pliegos y la elevada carga burocrática dificultan especialmente la participación de pequeñas y medianas empresas. En muchos casos, los pliegos no se adaptan a la realidad del mercado o contienen exigencias difíciles de asumir en términos técnicos, económicos o de solvencia.
Medidas que puede adoptar la Administración Pública
La Administración Pública debe afrontar el reto de equilibrar la viabilidad económica de los contratos con el mantenimiento de estándares técnicos y de calidad adecuados. La contratación pública ya no puede centrarse exclusivamente en el precio más bajo como criterio principal de adjudicación.
La normativa actual apuesta por modelos de contratación más estratégicos, incorporando criterios relacionados con la calidad, la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia y la correcta ejecución del contrato. En un contexto económico tan tensionado, diseñar licitaciones realistas y alineadas con el mercado resulta esencial para garantizar la concurrencia empresarial.
Asimismo, debe facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas con determinados procedimientos de adjudicación y reducción de cargas administrativas.
En este sentido, la Administración Pública, cuenta con herramientas útiles como son las consultas preliminares de mercado prevista en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que permiten a la Administración conocer previamente qué condiciones técnicas, económicas y de solvencia resultan realmente viables para las empresas del sector antes de redactar los pliegos.
Desde Licita & Acción prestamos asesoramiento especializado en materia de Contratación Pública, con el objetivo de mejorar la concurrencia y evitar procedimientos de adjudicación desiertos.
El papel de las empresas: Análisis de las licitaciones
La responsabilidad no recae únicamente en la Administración. Las empresas también deben adoptar una posición más estratégica frente a la contratación pública, especialmente en un contexto en el que los márgenes son cada vez más ajustados y los requisitos técnicos y administrativos más exigentes.
Uno de los principales errores es analizar las licitaciones únicamente desde la perspectiva económica, sin estudiar previamente la viabilidad real del contrato, los riesgos derivados de la ejecución o las implicaciones técnicas y jurídicas de los pliegos.
Un análisis especializado previo permite detectar cláusulas desproporcionadas, identificar posibles desequilibrios económicos, valorar correctamente los criterios de adjudicación y anticipar riesgos que pueden comprometer tanto la presentación de la oferta como la posterior ejecución del contrato.
Además, muchas exclusiones no se producen por falta de solvencia de las empresas, sino por errores formales, defectos documentales o interpretaciones incorrectas de los pliegos. En procedimientos cada vez más complejos, la preparación técnica de la oferta se ha convertido en un elemento decisivo.
La elaboración de una propuesta competitiva ya no depende únicamente del precio. Aspectos como la memoria técnica, la metodología de ejecución, la acreditación de solvencia, la justificación de medios personales y materiales o la correcta interpretación de los criterios automáticos y subjetivos tienen un peso creciente en la adjudicación. El acompañamiento especializado es un factor clave para asegurar la calidad de las ofertas. Para ello, puedes contar con nuestros servicios de asesoramiento legal para empresas.
Los 458 millones de euros en licitaciones desiertas en Andalucía no son únicamente un indicador estadístico, sino la expresión de un desajuste creciente entre la configuración de la contratación pública y la realidad del mercado.
En este contexto, la contratación pública deja de ser un mero procedimiento administrativo para convertirse en un verdadero instrumento que requiere planificación, conocimiento especializado y una mayor conexión entre lo público y lo privado.